Thalíe PonceEvelyn Carolina Bravo Bodero era voluntaria del Cepam y se convirtió en la víctima número 41 de femicidio este año en Ecuador. Desde la tipificación de este delito, en 2014, más de 684 mujeres han sido asesinadas en el país. Es decir, una cada tres días.
Cuando tenía 19 años, Evelyn Carolina Bravo Bodero viajó a Quito con sus compañeras de Cepam Guayaquil —una organización dedicada a la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres— para pedir a la Asamblea la tipificación del femicidio. En una foto, aparece junto a ellas afuera del palacio legislativo vistiendo una camiseta morada que todas llevaban ese día, con un mensaje que promovía su causa. Dos años después, en 2014, este delito fue incluido en el Código Orgánico Integral penal (COIP). Es justamente esa imagen —donde aparece con el pelo rojo y la mirada atenta— la que circuló en mayo de 2019 en redes sociales, acompañada de un crespón negro y la frase “todas estamos de luto”. Sin saberlo, en ese plantón Evelyn le exigía al Estado la tipificación del crimen que siete años después acabaría con su vida.
La noche antes de ser asesinada, Evelyn acudió a una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en Flor de Bastión, un sector popular en el noroeste de Guayaquil. Había recibido un mensaje de texto de su exconviviente: “Te voy a matar”.
Tenía 25 años y era mamá de un niño de nueve y una niña de dos. Como voluntaria del Cepam, sabía qué pasos seguir si sentía una escalada de violencia en su vida de pareja: terminar la relación, poner una denuncia en la Fiscalía y —si su vida corría peligro— acudir a la Policía. Eso fue lo que hizo. Pero el 28 de mayo de 2019 fue apuñalada por el padre de sus dos hijos.
La noche previa regresaba de su trabajo. Entrando a Flor de Bastión, Jimmy Moreira la interceptó. Le pidió que conversaran, le dijo que no podía vivir sin ella, forcejearon. Evelyn se libró y tomó un mototaxi para ir a casa, pero en el camino recibió la amenaza de muerte en su teléfono celular: “Si no eres mía, no serás de nadie”.
Eran las 22:00, estaba asustada y decidió cambiar de rumbo. Fue a la UPC. Al llegar, mostró los mensajes a los dos agentes de turno. Le dijeron que no podían hacer nada, porque no había señales de agresiones físicas.
A la mañana siguiente, Moreira ingresó a su casa y le clavó siete puñaladas repartidas en el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo con un cuchillo de cocina. Todo frente a su hija.
“Si la Policía hubiera actuado, Evelyn seguiría con vida”, dice Lita Martínez, abogada y directora del Cepam, desde las oficinas de la organización, en el sur de Guayaquil. Es 4 de junio, un día después de la convocatoria a un plantón en la ciudad que exigió al Gobierno la declaratoria del estado de emergencia ante la violencia de género, tras el asesinato de Evelyn.
Según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea), desde 2014 ha habido 684 femicidios en el país. Es decir, en Ecuador una mujer es asesinada cada tres días.
Se trata —asegura Martínez— de crímenes prevenibles. “En todos los casos de femicidio hay un anuncio, no ocurren sin previo aviso. No se está bien con la pareja y al otro día te mata”.
Cuando Evelyn acudió al UPC había antecedentes. El 15 de mayo —13 días antes de ser acuchillada— había colocado una última denuncia en contra de Moreira por violencia psicológica. Él —de quien se había separado siete meses atrás— ya la había sentenciado: “Tu familia no me puede hacer nada, igual te voy a matar y luego me mato”. Según el documento, Evelyn solicitó en esa ocasión una boleta de auxilio y una orden de alejamiento. Sabía que podía ser la siguiente.
Los agentes que la atendieron el 27 de mayo podrían haber tomado una acción preventiva considerando ese historial. Podrían haberse acercado al hombre, recordarle la restricción que tenía, decirle que estaba siendo observado, llamarle la atención. Pero nada de eso pasó. Y ahora, Evelyn Carolina Bravo Bodero es la víctima 41 de femicidio en 2019 en Ecuador.
En 2017, el entonces ministro del Interior, César Navas, hablaba de un crecimiento del 72 % de los femicidios en el país. Anunció, en una rueda de prensa en Guayaquil, que una de las medidas de prevención sería ubicar por georreferenciación a las mujeres que denuncien casos de violencia de género, para que la Policía Comunitaria realice visitas semanales.
En agosto de ese año, en una entrevista, Navas dio más detalles de lo que llamó un sistema de alerta temprana. “Cuando una mujer que reciba una amenaza ponga la denuncia (...) se va a georreferenciar su ubicación, y nosotros, a través de las UPC, haremos visitas frecuentes y también identificaremos al posible victimario”, explicó. Dijo, además, que el sistema ya estaba iniciado y se había levantado el registro. “Vamos a monitorear permanentemente”.
¿Podría ese sistema haber salvado a Evelyn?
Entre el 1 de enero y el 8 de agosto de este año, 62 mujeres han sido asesinadas por motivos de género. En el 62.7 % de los casos, los femicidas fueron parejas de las víctimas, como en el asesinato de Evelyn. En el 54 % de los casos, se usaron armas blancas, como en el asesinato de Evelyn.
¿Podría ese sistema haberlas salvado a ellas también?
Evelyn Carolina empezó a formarse como orientadora de los derechos de las mujeres en Cepam porque su mamá, Elizabeth Bodero, se había unido a ese grupo luego de experimentar agresiones.
Desde adolescente asistía a la organización, donde conoció de cerca casos y mujeres que habían sufrido violencia de género, como ella misma, como su propia madre.
Carol —como la llamaba su madre— era “centrada y juiciosa”, pero también alegre. “Siempre teníamos un motivo para conversar y estar juntas en este proceso”, cuenta Elizabeth, para quien no era solo su hija, sino también su amiga.
Para Evelyn, qué hacer frente a la violencia, cómo trabajarla en su comunidad y en lo personal, no era algo desconocido, dice Lita Martínez. Por eso había terminado su relación. Pero —recuerda su madre— Moreira siempre le hacía promesas y volvían. Le prometía, por ejemplo, que empezaría a darle dinero semanal para cubrir las necesidades básicas de su hijo. Nunca cumplía con su palabra. Eso llevó a Evelyn a colocar en contra de él una demanda de alimentos en julio de 2018, aun cuando seguían conviviendo.
Marjorie López, coordinadora de las orientadoras, recuerda que al inicio Evelyn era tímida. Luego fue creciendo en carácter, relacionándose con mujeres mayores, ganando confianza e involucrándose más en la participación de actividades para demandar al Estado justicia para las mujeres. “Todas la reconocíamos, la valorábamos”.
A Moreira eso no le gustaba. Le molestaba que fuera todos los sábados a compartir con sus compañeras, que formara parte de los plantones. Había empezado a gritarle y halarla del cabello. “Yo ya me había dado cuenta”, dice Bodero.
Un día, comprobó sus sospechas. Al llegar a una reunión, se encontró con Moreira golpeando a su hija e intervino. Moreira agarró a su suegra del cabello, la llevó hacia la calle y la golpeó a ella también. Esa vez, Evelyn volvió a ponerle fin a la relación. Pero luego él la convenció de retomarla, alegando que era lo mejor para su hijo. Le pidió perdón, le dijo que esta vez cambiaría. Bodero decidió irse a vivir a Esmeraldas.
Cuando Evelyn conoció a Jimmy Moreira, ella tenía 15 años y él, 22. A pesar de haber quedado embarazada siendo aún adolescente, Evelyn culminó sus estudios. Bodero la recuerda ya con los primeros rastros de la gestación camuflados bajo el uniforme, el día de su graduación, en 2009. No solo obtuvo su título de bachiller, sino que, debido a sus buenas calificaciones, fue portaestandarte de la bandera de Guayaquil. Entre las fotos que guarda su mamá, hay una en la que Evelyn aparece sonriente, con la banda celeste y blanco en su pecho, abrazada de las demás abanderadas.
Luego obtuvo un título en cosmetología. Empezó a trabajar: debía generar ingresos para mantener a su hijo y, posteriormente, también a su hija. Con el trabajo dejó de asistir a las convocatorias y dejaron de verla por Cepam.
Un año antes de su asesinato, había conseguido un puesto en una cadena local de artículos de belleza, algo que la llenaba de ilusión porque podía asesorar a las clientes sobre estilos y productos. “Yo era su maniquí”, cuenta Elizabeth Bodero sonriendo. “A veces llegaba y me decía ‘mami, aprendí tal cosa, te voy a poner esto’, y me pintaba. Le encantaba”.
Betty Acosta, orientadora de los derechos humanos en Cepam, dice que Evelyn disfrutaba de embellecer a sus compañeras. Incluso la recuerda en una ocasión con brochas y cosméticos, maquillando a una de ellas en una banca en el parque Centenario de Guayaquil.
Soñaba con montar un spa: ayudar a mujeres a empoderarse a través de la belleza, hacer lo que le apasionaba, tener un negocio propio que sirviera de sustento para sus hijos.
“Evelyn Carolina pregonaba lo que nosotras somos. Luchamos contra la violencia en contra de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y hoy le tocó a ella”, dice Acosta.
Para aliviar la distancia, Evelyn se comunicaba por teléfono con su madre muy temprano todas las mañanas. A veces hacían videollamadas, se contaban sus secretos, discutían, reían, se anunciaban mutuamente sus rutinas. Pero el 28 de mayo, el celular de Elizabeth no sonó a la hora esperada. Horas después, llegaba otra llamada: habían matado a su hija, a su Carol.
“Recibimos la noticia de que había sido asesinada”, dice López —una de las primeras en recibir a Evelyn en su llegada al Cepam— y sus ojos se humedecen. “Una de nosotras”.
En abril de 2018, en medio de una polémica por su actuación frente a la situación fronteriza, Navas dejó el Ministerio del Interior y Mauro Toscanini ocupó su lugar. El 12 de junio de 2018, una niña de 12 años fue secuestrada por un hombre de 23 en Cascales (Sucumbíos). El 3 de julio siguiente —en una rueda de prensa— Toscanini se refirió a ese caso como un delito “de orden familiar”.
Dijo, además, que el rapto había sido cometido por “la pareja” de la menor. Sin embargo, según el Código de la Niñez, "constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio”.
Toscanini se mantuvo cinco meses en el puesto. En septiembre de 2018, María Paula Romo se convirtió en la segunda mujer en liderar esa institución (hoy Ministerio de Gobierno).
La llegada de Romo a esa cartera fue aplaudida por la sociedad civil. En noviembre de 2018, la abogada y feminista Soledad Angus escribía en Twitter: “En serio no puedo imaginar una mejor ministra que María Paula Romo, después del nefasto de Toscanini, quién diría que veríamos una gestión tan íntegra y pulcra en el Ministerio del Interior”.
Pero su actuación frente al femicidio ha sido duramente criticada a lo largo de su gestión. Sobre todo, tras el asesinato de Diana Carolina Ramírez Reyes, quien estaba embarazada y fue apuñalada por su pareja en enero pasado. El hecho ocurrió en Ibarra, a vista de decenas de personas, incluidos agentes policiales, y quedó registrado en varios videos que grabaron los ciudadanos y que posteriormente circularon en las redes sociales.
En esa ocasión, Romo tuiteó que lo sucedido en Ibarra era un “horror inaceptable” y que la muerte de la joven de 22 años debió ser evitada con el uso de fuerza de la Policía Nacional. “Cuando se trata de defender una vida o evitar un delito, la @PoliciaNacional no solo tiene la facultad de usar la fuerza, tiene el deber de hacerlo”, escribió en esa red social. Cuatro meses después, la Policía le falló a Evelyn.
¿Qué pasó, además, con el sistema de prevención del que habló el exministro Navas?
Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana, dice que este se ha aplicado en el distrito Quitumbe (Quito), donde —según las cifras del Ministerio— se concentraba entre 2014 y 2017 el mayor número de femicidios en el país. Bajo este modelo, se identificó a las posibles víctimas de este delito para proveerlas de un protocolo de atención especial que incluía, entre otras cosas, un patrullaje constante.
Tipán afirma que a partir de agosto de 2017, que se implementó este proceso, ese distrito pasó de ser el más conflictivo en materia de femicidio, a ser el décimo, “lo que significó una reducción del 80 %”.
¿Cuánto va a tardar este sistema en llegar a todo el Ecuador?
No está en planes. El objetivo del ministerio, explica Tipán, es aplicarlo en los 10 distritos con más casos de femicidio a nivel nacional. Así, se hizo un segundo pilotaje en Durán —el segundo con mayor número según el ministerio— y se tiene planificada una tercera intervención en Cuenca Sur, el tercero.
¿Qué pasa entonces con las mujeres de los otros 130 distritos que hay en el país? ¿No justifica hacer todo lo posible para prevenir sus muertes solo porque, por azar, no viven en las zonas donde matan a más mujeres?
La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres —que entró en vigencia en febrero de 2018— establece que el ente rector de Seguridad Ciudadana y Orden Público debe implementar dentro de los UPC “por lo menos un agente de policía especializado en procedimientos en contra de la violencia contra las mujeres”.
¿Se cumplía esta disposición en la UPC a la que llegó Evelyn? ¿Se cumple en las demás unidades del país?
El subsecretario de Seguridad Ciudadana asegura que sí. El funcionario dice que se ha capacitado a por lo menos una persona dentro de los aproximadamente 1.500 UPC que existen a escala nacional para dar la atención necesaria que requiere una víctima de violencia de género: “Hemos cumplido con esa parte de la ley”.
— ¿Entonces la noche que Evelyn acudió al UPC había una persona especializada en violencia contra la mujer?
— Había una persona que fue capacitada, es decir con la especialización para atender este tipo de casos.
— ¿No significa eso que no está funcionando la sensibilización con los agentes?
— Es una de las hipótesis. Con la investigación de asuntos internos identificaremos si se atendió o no adecuadamente a la víctima conforme al protocolo para que se puedan prevenir este tipo de casos.
Evelyn contaba con una orden de alejamiento contra su agresor. Sin embargo, Jonathan, hermano de Evelyn, recuerda que la noche antes de ser asesinada, el agente que la recibió le dijo que no podían detener a su expareja con ese documento.
Según el mismo Tipán, lo que la Policía debe hacer en un caso así, cuando una mujer cuenta con una orden de alejamiento, es verificar en el domicilio y garantizar que el agresor no se encuentre dentro o alrededor de este.
Los agentes le dijeron a Evelyn que podían hacer rondas y colocar un botón de pánico en su teléfono celular, pero finalmente no hicieron ninguna de esas dos cosas.
El botón de pánico se instala en el móvil de la posible víctima para enviar una alerta inmediata a la UPC más cercana. Sin embargo, este funciona con una dirección registrada, que es normalmente la del domicilio. Si un incidente ocurriera, por ejemplo, en la casa de un familiar, en el lugar de trabajo o fuera del centro de estudios de los hijos, no se podría hacer nada. “Detrás de eso, lo que se requeriría es mejorar la tecnología de telefonía celular para poder llegar al siguiente nivel, que es que el botón de pánico arroje un GPS y que ese GPS direccione a la posición en donde se encuentra la persona”, explica Tipán.
Tipán asegura que la investigación está abierta y que bajo la normativa legal, la institución tiene 180 días para presentar los resultados, es decir, hasta inicios de noviembre.
No obstante, Consuelo Bowen, abogada que lleva el caso en Cepam, dice que ya han recibido una notificación por parte de la Policía. Según el documento, el agente involucrado recibirá una penalidad del 8 % de su salario. Esto, por no haber registrado la visita de Evelyn a la UPC la noche previa a su asesinato. Nada referente al incumplimiento del protocolo.
Hoy, varios asambleístas buscan que María Paula Romo enfrente un juicio político. Este 1 de octubre, la legisladora de la bancada Revolución Ciudadana Amapola Naranjo expuso ante la Asamblea Nacional las tres causales por las que se busca el enjuiciamiento en contra de la ministra. Primero, la crisis penitenciaria; segundo, los femicidios; tercero, el incumplimiento para erradicar la violencia contra las mujeres.
Otro de los anhelos de Evelyn era viajar. Quería conocer Galápagos como su mamá, quien había viajado a las islas por trabajo hace años y le había contado lo bonitas que eran. Además, le gustaba ayudar. “Quería colaborar, ser ese centro, era participativa, siempre estaba sonriendo”, dice Bodero, con los ojos brillantes de orgullo, mientras recuerda a su hija mayor, su Carol.
Evelyn no solo quería prevenir que otras jóvenes y adultas vivieran lo que ella vivió con Moreira; antes de eso, a sus 12 años, ya había participado como voluntaria en Hogar de Cristo, una obra social de la Compañía de Jesús que trabaja con comunidades de escasos recursos. En otra fotografía, tomada en 2008, cuando tenía 14 años, aparece con una camiseta verde de la fundación y una gorra blanca, en una feria.
Jonathan, su hermano, vivía con ella. Según él, las prioridades de Carol eran formar a sus hijos, verlos bien vestidos, que se eduquen y siempre estar cerca de su familia. “Lo que ella más quería era liberarse de la manera en la que yo lo hice. Sacar adelante a sus hijos y ser una mujer independiente. Ya iba por ese camino”, dice Bodero. “Ella era nuestro pilar”.
La pelea de las organizaciones civiles a favor de los derechos de la mujer no acaba con la tipificación. Uno de los objetivos es que se declare el estado de emergencia ante la violencia de género.
Consuelo Bowen dice que esto garantizaría los recursos económicos para que la ley se cumpla; así como destinar más personal realmente cualificado para atender este tipo de violencia. Es necesario —dice— que se tomen medidas en salud, educación e incluso salud mental, porque los niños y niñas que quedan en orfandad necesitan atención. “Esa es la emergencia, poner todos los recursos estatales a funcionar de forma eficiente para atender los casos de femicidio y tentativa”. Bowen opina que uno de los errores del Estado es no considerar que la violencia intrafamiliar es parte del problema de la violencia pública.
En marzo de 2019, más de 60 mujeres de organizaciones sociales se reunieron en Bahía de Caráquez (Manabí), para unir fuerzas en la prevención y erradicación de la violencia femicida, así como para renovar la demanda al Estado para poner fin a este delito en Ecuador.
Para ellas, este 2019 es un año clave para las reivindicaciones por los derechos de las mujeres, lo que incluye el derecho a una vida libre de violencia, cuya máxima expresión es el femicidio.
Ahí analizaron las cifras. “Detrás de los números, hay historias, personas, vidas que hemos perdido y familias que se enfrentan a una situación de catástrofe”, dijo en ese encuentro Geraldina Guerra, coordinadora de la Red Nacional de Casas de Acogida.
Pero declarar la emergencia no es una prioridad estatal.
El Ministerio de Gobierno ha realizado un análisis evolutivo de los femicidios desde la tipificación (2014), hasta el 17 de septiembre del año en curso, dice Diego Tipán. Según esas cifras, en 2018 hay una tendencia a la baja: en 2017 hubo 102 femicidios y en 2018 se redujo a 60.
En 2017, la Organización para las Naciones Unidas (ONU) pedía a Ecuador una “profesionalización de las cifras”. Ese año se discutía en la Asamblea la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, lo que trajo de visita al país a María Noel Galarza, entonces directora de programas y hoy a la cabeza de ONU Mujeres. La institución observaba una incongruencia entre las cifras oficiales y las civiles. “Nos interesa que los datos sean mejor recolectados y que haya un mejor reconocimiento de esas estadísticas, porque si no tenemos estadísticas claras, cómo vamos a saber a quién defender y cómo prevenir”, dijo.
Pero la brecha entre los datos sigue llamando la atención. Desde 2014, las organizaciones sociales han registrado 684 femicidios en Ecuador, es decir uno cada 72 horas. El estado, en cambio, solo contabiliza 348 casos, lo que significa uno cada siete días.
“Entonces no tenemos la evidencia estadística que nos muestre por qué declarar una emergencia en particular”, dice el subsecretario. “A todos los delitos contra la vida los consideramos un problema sumamente grave”.
Para el Estado, Evelyn, Laura, Silvia, Diana Carolina, Gina, Carmen, Amelia, Juanita, Leidy, Rosa, Yeny, Nancy, Dora, Ana Mercedes, Jessica, María Eugenia, Mayerlin, Alisson, María Paulina, Gina Jovita, Ángela, Evelyn Lisseth, Alicia, Jhoanna, Valeria, Alexandra, Elsa y las otras 35 mujeres asesinadas este año, cuyos nombres no quedaron registrados en la prensa, son números. Números que no justifican declarar un estado de emergencia.
Mayerlin tenía 19 años. Dora, 67. Diana Carolina estaba embarazada. A Rosa la mataron en Guayaquil; a Yeny, en Latacunga; a Silvia, en Manta. A Jessica su esposo le disparó frente a su hija; Ana Mercedes recibió 17 puñaladas. Amelia tenía una boleta de auxilio; Evelyn, una orden de alejamiento.
No sabemos los nombres de las siguientes, pero probablemente —sin importar su edad, ocupación, lugar donde vivan, si tienen hijos o no, si poseen o no una medida de protección, si tienen sueños—, ellas tampoco podrán salvarse.